LOS MEDIOS CUESTIONAN LOS PERMISOS PENITENCIARIOS

En la localidad cordobesa de Bujalance hubo hace unas semanas una reyerta, consecuencia de la cual ha fallecido un hombre de 51 año por un disparo cometido por arma de fuego. El sospechoso de haber dado muerte al hombre, se encuentra huido de la justicia y la guardia civil anda tras su pista para ponerlo en manos del juez.

Hasta ahí el caso, que podría ser uno más de los que lamentablemente ocurre de cuando en cuando en nuestra sociedad, influenciada en muchos ambientes a arreglar los problemas, los conflictos a las bravas, usando de la fuerza y la violencia. Sin embargo el hecho de que el presunto autor del disparo se encontrara en libertad al no regresar de un permiso penitenciario concedido hace dos años, confiere al asunto un matiz especial.
Este hombre, no cumplía, según las autoridades, por delitos graves, contaba con informes favorables de la junta de tratamiento penitenciaria para salir de permiso y no era la primera vez que dejaba la cárcel para estar con los suyos. Hasta en seis o siete ocasiones obtuvo este tipo de beneficio penitenciario. Su perfil y proceder no presagiaba que acabaría, presuntamente, dando muerte a un vecino de su mismo pueblo.
El hecho de publicarse que efectivamente quebró y no regresó pone de nuevo el punto de mira en la concesión de los permisos penitenciarios. La realidad es que el porcentaje de los que no regresan es muy bajo y menor aún el de aquellos que hacen un mal uso de ellos.
La pregunta es si es previsible que una persona que cumple por delitos no graves, pueda luego cometer alguno como este triste y desgraciado crimen.
Pero también otra cuestión se plantea cuando se confía a la cárcel ese papel reeducador que no cumple y una luego una vez en la calle, los presos no cuentan con una red que les ayude a reintegrarse con normalidad a la libertad.

Hablamos no obstante de casos muy minoritarios, pero que efectivamente crean un gran revuelo y alarma social porque la muerte de una persona siempre debe de ser condenada y rechazada.
Lo que el caso no puede, desde luego comportar, es, como en otras ocasiones, un paso atrás en la concesión de estos beneficios penitenciarios.

El culpable tendrá que responder por su crimen, pero no aquellos que hacen un buen uso de su libertad. Los funcionarios públicos y los jueces, por casos como éste o similares, no deben ceder a la presión mediática y cerrar el grifo de estos beneficios que son elementos básicos de la política penitenciaria, para no renunciar a la reinserción social del preso, permitiéndole no romper del todo con sus vínculos con la sociedad facilitando su futura reintegración a la sociedad.
Foto bajada de la página http://todoslosrostros.blogspot.com
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